Política pública no es un documento, no es una ley. Es una decisión firme, sincera, franca, de actos de la autoridad gubernamental y de la sociedad entera alrededor de un problema, que es compartido, que es concebido de la misma manera y que, por lo tanto, merece ser resuelto de manera concertada, conjunta. Foto portada: OIM Colombia.
Por Álvaro Córdoba Obando
Asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Yo quiero empezar mi charla con una referencia a las exposiciones de ayer en la tarde, sobre experiencias de deporte y paz en los territorios, que nos dan cuenta de la urgencia, de la necesidad de trabajar en la construcción de valores que salven vidas y que permitan recuperar la esperanza en el futuro. La esperanza en un futuro mejor para todos, a partir de esos trabajos pequeñitos, casi invisibles, casi inexistentes, pero que hacen parte de lo que yo llamaría, siguiendo la “teoría del caos”, el efecto mariposa, el efecto murciélago, el efecto bola de nieve, aquello aparentemente insignificante, que constituye tal vez la posibilidad de empezar a cambiar el mundo, en una línea distinta a como la hemos vivido.
Alguien decía, algo así, como que no hay cosa tan frágil, que no pueda ser el eje de las ruedas del universo.
Yo creo que esas cinco experiencias de cinco sencillos personajes colombianos que trabajan en bien de la paz en sus respectivos territorios vulnerables (y que publicamos en nuestra pasada edición), son la muestra de lo que podía estar ocurriendo en todo el territorio colombiano, y que nadie las ha visto, que nadie las ha valorado y nadie ha dicho por qué no aprendemos de eso pequeño. Cuando las cosas no se pueden hacer de arriba hacia abajo, por ejemplo desde la ONU, debemos hacerlas de abajo hacia arriba, y ojalá de bien abajo, como lo hacen los jóvenes que escuchamos ayer. Las políticas públicas no siempre son la voluntad de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba; si eso es posible, puede ser replicado cada vez un poquito más grande, más grande, más grande, hasta convertirse en un paradigma nuevo.
Los casos de Caterine Ibargüen o de Rigoberto Urán son parte de esas historias de deportistas en su condición de víctimas, de sobrevivientes de una guerra atroz que hemos vivido, y que algunos se empeñan en negar. Por eso creo que el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Colombiano y la Academia Olímpica Colombiana han acertado en poner el lugar y el tiempo a algo que parecía una utopía, figura que según Sousa Santos, significa ponerle lugar y tiempo a las cosas, y creo que este es el lugar y el tiempo para hacerlo en Colombia, con todo lo que ha pasado, para pensar en deporte para el desarrollo y la paz.
Por eso, en esta exposición voy a hablar de la importancia del deporte en los procesos de paz, no en el proceso de paz, sino en los procesos de paz, porque son varios, y no solamente los de este gobierno.
Hay una tradición ya larga de poder resolver conflictos de manera no violenta, a partir del diálogo. Podríamos hacer una retrospectiva desde los años 80, con Belisario Betancur, y podríamos ir mucho más atrás a otros procesos de paz, posiblemente no tan buenos, como los que hizo Rojas Pinilla, en los años 50, que ofreció amnistía a Guadalupe Salcedo y al día siguiente lo mataron. Decía el ex comisionado de paz del gobierno de Santos, que ha sido común firmar acuerdos y tener la clara intención de no cumplirlos.
Lamentablemente, de eso está hecha la política y lo político, que hemos vivido o que hemos sufrido o que hemos sobrevivido muchos de nosotros.
Pero hay procesos, ya hay experiencias locales que podrían marcar entonces una señal de por dónde trabajar el tema del deporte para el desarrollo y la paz. Ya lo han dicho los expositores anteriores. Si hay una serie de beneficios que se dan en el ser humano desde muy temprano y si aprende a practicar un deporte, los resultados e impactos que ocurren en esas comunidades tienen que ver precisamente con la transformación de referentes simbólicos culturales, pero también, con aspectos objetivos y materiales.
Eso de que las mujeres vayan al mar y que rompan estereotipos milenarios significa que hay un impacto más allá del tema del miedo al mar y del uso de una tabla para meterse. Tiene que ver con el reconocimiento o el auto reconocimiento, la identidad, la autoestima y el empoderamiento de las mujeres, como sujetos de derechos. Yo supongo que las mujeres, más allá de ser expertas en el uso de esa tabla de surf para meterse al mar, ahora están hablando de otras cosas, de las violencias basadas en género, de la manera como se acompañan, de cómo se ayudan, de las rutas de atención, de cómo prevenir, de cómo denunciar, de sentirse más valientes y de ser más resistentes, y eso significa devolverles la dignidad, reconocerlas como sujetos de derecho al deporte y a la recreación, y a todos los otros derechos, porque en materia de derechos humanos, las políticas públicas hablan de que hay una acción de interdependencia de un derecho común. La universalidad va acompañada de la interdependencia. No es posible garantizar un derecho, si se violan otros. El hecho que un niño llegue a practicar un deporte sin haber desayunado, no nos lleva a decir “entonces tú no practicas deporte, porque te vas a desmayar”. Para romper el círculo vicioso de la generación de un derecho y, por consecuencia, de otros más, debemos esperar a que los políticos resuelvan el tema nutricional o tomar la decisión de acompañar previamente esa práctica deportiva, con un apoyo alimentario y nutricional? Sería esperar a que los políticos, los administradores digan: hay que garantizar el deporte y la recreación, pero también, la nutrición, la soberanía y la seguridad alimentaria.
El Estado social de derecho tiene la obligación de reconocer a cada persona, a cada ser humano en su condición de dignidad, como sujeto de derechos, y, por lo tanto, tiene la obligación de garantizar el acceso y el disfrute material de derechos, como al deporte para todos, que no es para quienes tienen más talento y más capacidades, sino, para todos. Una política pública que deja por fuera a las poblaciones vulnerables, a las madres cabeza de familia, a los adultos mayores, a los niños de la población afro indígena, a habitantes de calle, a personas en situación de discapacidad, a personas privadas de la libertad, a personas en situación de desplazamiento víctimas del conflicto es una política excluyente, discriminadora y elitista. Lamentablemente, en más de 30 años que tiene la ley 181, Ley General del Deporte, han ido desapareciendo los institutos municipales de deporte, por falta de recursos, por falta de voluntad política, por falta de sensibilidad y compromiso de quienes administran desde el nivel nacional hasta el nivel municipal, y por desconocer la importancia de fortalecer las canteras de donde sale el deportista de alto rendimiento, en el Chocó, en la costa sur del país, entre la población indígena. Varios jóvenes que expusieron sus experiencias en los territorios en este Congreso dieron ejemplos de lo complicado que ha sido para ellos, pero de lo sencillo que podría ser si hubiera voluntad política, para que esos ejercicios sean visibilizados, sistematizados, documentados, difundidos, reconocidos y valorados internacionalmente.
Por lo tanto, yo no soy de la idea de que política pública es un documento o es una ley: es una decisión firme, sincera, franca, de actos de la autoridad gubernamental y de la sociedad entera alrededor de un problema, que es compartido, que es concebido de la misma manera y que, por lo tanto, merece ser resuelto de manera concertada, conjunta.
Es preciso romper las barreras de accesibilidad para llegar al ejercicio y disfrute de un derecho, entendiendo el contexto y la realidad de ese sujeto, de esa persona como sujeto de derechos, y no quedarnos esperando el documento de política pública, el decreto, el acuerdo, etcétera. Actualmente se ha procedido a adelantar una serie de decisiones y de medidas que incluyen la entrega del complemento alimentario nutricional para los niños, para cada sesión de deportes que se haga; entonces, algunos políticos dijeron que eso era desviación de recursos, y por lo tanto, que nos podían demandar. Les dijimos que no estábamos robando, que estábamos tratando de resolver un círculo vicioso de integración de derechos, para crear un círculo virtuoso, en el que la garantía de un derecho conlleve a la garantía de otros tres. De ese ejercicio apareció un programa de inclusión social, para entender cuál es el contexto familiar de ese niño, si había con qué comprar comida o no, qué pasaba con el padre o la madre, y entonces, claro, los políticos que cuestionaban el programa entendieron que deberían mirar las cosas de manera integral.
Próxima edición, 7 de mayo. Lineamientos de la política pública de deporte y de recreación, basada en el enfoque de derechos.
